¡CONMOVEDORA la reacción de Mariano Rajoy, cuando protesta por la persecución de que es objeto su PP desde instancias judiciales! El 14 de marzo de 2002 la trampa consistió en hacer que esta formación política perdiera las elecciones mediante la manipulación de que fueron objeto los electores, cuando se hizo recaer sobre Aznar la responsabilidad política de los atentados del 11-M. Da la impresión de que esta organización no cree en el sistema institucional español -ni en el electorado- hecho que reviste una especial gravedad, si se tiene en cuenta el papel que ha jugado ella misma en el diseño y gestión del actual sistema jurídico vigente.
La reacción de Rajoy y sus huestes podría atribuirse a inmadurez. El pataleo juvenil de quien no acepta las reglas de juego que uno mismo ha elaborado y con las que ha estado de acuerdo cuando han sido aplicadas a otros, incluso, aunque estos últimos no las reconocían como imparciales y objetivas. ¿Cuántas veces han clamado las gentes del PP que había que dejar hablar a los jueces, o que la alta representación nacional -las Cortes españolas- son la única y legítima representación del pueblo español? Acusar a Garzón de animadversión hacia el PP me daría risa, si fuera sueco. Tengo la mala suerte de ser forzoso ciudadano español, defensor de la soberanía vasca. Con esto está dicho todo. Estoy en el punto de mira de Garzón, de toda la Audiencia nacional y… de todo el sistema judicial e institucional español. Sin embargo, el problema del PP es de otra índole. Responde al carácter autoritario y fascista -no comprendo por qué debe evitarse tal calificación- que le lleva a no aceptar ninguna decisión política que contradiga sus intereses. Sucedió a raíz del 14-M y sucede ahora que se ha destapado una de las tramas de corrupción en la que viven los partidos españoles.
Estoy seguro de que las gentes del PP tienen razón cuando se refieren a la connivencia entre Garzón y el ministro Bermejo. Pero señores, no pretendan hacernos comulgar con ruedas de molino, que hace décadas dejamos de hacerlo con obleas. La intencionalidad política de la decisión de Garzón en relación a la trama corrupta del PP parece clara. No obstante, son igualmente claros los datos que obran en poder de la fiscalía y que evidencian los delitos del entramado institucional del partido de Rajoy ¿De qué, si no, se iba a atrever ningún juez a dar un paso de tal magnitud? No estamos ante ningún hecho nuevo. Es lo que conoce la calle -y acepta con toda normalidad-. Hoy le toca al PP como ayer le tocó al PSOE, porque ambos son iguales. Mañana le volverá a tocar.
No me parece correcto afirmar que España sea un país en el que exista corrupción. La corrupción parece resultado de la descomposición de una realidad, en principio, y mayoritariamente sana. No es el caso de España. La corrupción que aparece con tanta frecuencia en España responde mejor a una realidad generalizada y universalmente conocida, sin que el sistema judicial quiera -ni pueda- hacerle frente. Es un muladar en el que se corrompen las escasas buenas intenciones que puedan existir en casos minoritarios. No es que el poder corrompa. En el Estado español la corrupción es intrínseca al poder. La calle conoce tal realidad y no vamos a decir que la acepta resignada. En este terreno quien menos confianza merece es quien dictamina que: "todos los políticos son iguales…". Éste es el más peligroso, quien se identifica en mejor medida con el sistema y quien -casi con toda seguridad- vota a los corruptos. Únicamente merece confianza quien denuncia el sistema, por constituir de un modo consciente el instrumento de las élites sociales y políticas, para la práctica del expolio, la extorsión y el fraude.
Vladímir Putin, experto por tantos motivos en este terreno, calificó a España como el país de la corrupción. A decir verdad, no es necesario ir hasta Rusia para encontrar dictámenes tan exactos. El más relevante de los políticos españoles de la edad contemporánea, Cánovas del Castillo, auténtico diseñador del actual Estado español y símbolo confesado del PP dejó bien claro la norma de actuación política:... al amigo el favor, al enemigo la ley... ¿Conclusión a extraer? Nos encontramos ante un nuevo flagrante hecho de corrupción, hecho público, en última instancia, por razones de interés político. Lejos de anular este particular la gravedad del asunto, nos muestra la cimentación corrupta del marco jurídico que ordena el Estado español y la real inseguridad jurídica de los proclamados ciudadanos del mismo. Los síntomas se nos muestran cotidianamente y sin rebozo en ocultarlo. Cuando un individuo clave en el presente estado de cosas, como lo es Alfonso Guerra, manifiesta que el que se mueve no sale en la foto, o que Montesquieu ha muerto, es incuestionable que nos encontramos ante el imperio de la arbitrariedad, la que protege la corrupción generalizada y se solaza en la persecución legal de los ciudadanos vascos por cuestión de opiniones o negarse a aceptar las imposiciones españolas, incluso desde dentro del sistema institucional vigente.
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