El juez Baltasar Garzón tiene esas patas de banco. Va y aclara que entre los presuntos corruptos incluidos en su instrucción sumarial sobre la trama de chanchullos ligada al PP no se encuentra Esteban González Pons. ¿Y a cuento de qué hace pública esa puntualización? Decir que González Pons no está en su punto de mira equivale a reconocer que los otros políticos señalados por las informaciones de prensa sí figuran entre los sospechosos.
Garzón ha cometido demasiadas chapuzas en la instrucción de importantes sumarios (lo de la operación Nécora fue ciertamente espectacular) como para presuponer que este lo esté llevando a la perfección. Pero eso no puede llevar a cerrar los ojos ante la aún mayor evidencia de que los dirigentes del PP –que tan buenas relaciones tuvieron con Garzón en otros tiempos, recordémoslo– están tratando ahora de escudarse en triquiñuelas propias de leguleyos para eludir lo esencial, que es la existencia desvelada de una red de espionaje y financiación ilegal vinculada a su partido, de la que no quieren hablar ni aunque les aspen.
Según todas las trazas, se trata de una trama mixta. Al comienzo, a la altura de Filesa, Malesa y Time Export, se trataba de recaudar dinero para el partido, sin más (ni menos). Pero en seguida llegaron los listos que se dieron cuenta de que el beneficio podía repartirse: tanto para el partido, tanto para mí, y nos hacemos ricos todos. Es la escuela que parece que se ha impuesto en general.
¿Que esto del cuarto oscuro del PP está siendo utilizado como arma electoral? Claro que sí. Si un partido queda en evidencia, los demás se aprovechan de ello. Pero, tranquilos: también a los demás les llegará su turno.
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