Pamplona. Rincón de la Aduana. Año 1991, noche del 15 de diciembre. Un agente de la Policía Nacional disparó un bote de humo a corta distancia contra Mikel Iribarren Pinillos, pamplonés de 18 años. El joven cayó inconsciente sobre el bote. Lesiones cerebrales y quemaduras en la cara que precisaron de neurología y cirugía plástica. Semanas en coma, más de un año para el alta médica, secuelas con reconocimiento de minusvalía. Sus reclamaciones judiciales fracasaron en los tribunales españoles, vía penal y administrativa. La Audiencia de Navarra determinó en 1995 que estaba acreditado un delito de lesiones, pero que la investigación debía archivarse al no resultar identificado el autor del disparo. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, rechazó en 1997 la concesión de una indemnización.
La Audiencia Nacional sentenció al año siguiente la responsabilidad patrimonial de la Administración (indemnización de 60.000 euros) por una actuación policial "desproporcionada", "aunque el joven no se encontraba casualmente en el lugar de los hechos". El Tribunal Supremo anuló la sentencia en 2003 por estimar la actuación policial "proporcionada y oportuna", y que Iribarren (él dijo que iba a casa y se topó con los antidisturbios) se puso voluntariamente en situación de riesgo al participar en una "manifestación ilegal y violenta". El Constitucional confirmó esta decisión. Iribarren elevó demanda a la corte europea, que la admitió en 2005. Estrasburgo. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Año 2009, 8 de enero. El Reino de España, condenado a pagarle una indemnización de 170.000 euros en un plazo de tres meses al considerar violados los artículos 3 (prohibición de aplicar tratos degradantes o inhumanos) y 6 (derecho a un proceso equitativo en plazo razonable) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Policía Nacional tapó la identidad del agente. Diecisiete años después, Mikel Iribarren confía en que, "si es persona humana", le recoma la conciencia.
La Delegación del Gobierno construyó una versión oficial, aceptada sin empacho por UPN y PSN, luego desmontada por las pruebas periciales. La afinidad ideológica de Mikel Iribarren con Herri Batasuna -figuró en sus listas electorales al Parlamento Europeo (1994) y al Senado (1996)- les ayudó a contemporizar con el exceso policial. La vulneración de los Derechos Humanos constituye una mancha grave en el prestigio del Estado de Derecho, pero los estados democráticos, indiferentes a denuncias y recomendaciones de organismos como Amnistía Internacional, se manejan con un notable grado de impunidad en sus comportamientos policiales. En el caso Iribarren sobró brutalidad policial, faltó sensibilidad política y quebró el amparo judicial. Que lo corrijan desde fuera es un desdoro.
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