Si atendemos a lo que los medios han publicado sobre el conflicto en el instituto Iturrama de Iruñea, el grueso de lo ocurrido tiene que ver con un gratuito e injustificado ataque padecido por el director de ese centro por parte de LAB, quien en una rueda de prensa calificó su actuación de «cobarde y miserable trabajo de delator» por haber identificado a siete alumnos ante la Audiencia Nacional.
Tal hecho ha motivado luego toda una cadena de posicionamientos públicos (Departamento de Educación, Asociación de Directores de centros, Nafarroa Bai, STEE-EILAS, KEM-MOC, Comisión de Personal de Educación, grupo de padres y madres de ese centro, columnistas varios...), cuyo común denominador, al margen de otras valoraciones, ha sido el rechazo de lo afirmado por LAB y la expresión de la más estrecha solidaridad para con el director.
Vayamos por pasos. El 26 de septiembre de 2008, con motivo del Gudari Eguna, un grupo de alumnos y alumnas realizó un acto relativo al día, en el que figuraban las fotos de Argala, asesinado por el GAL, y Olaia Castresana, muerta en Torrevieja cuando manipulaba una bomba. El informe realizado por el Departamento de Educación reconoció que «a pesar del aparente impacto de la noticia, fueron unos hechos minoritarios en participación, de escasa duración y en todo momento impedidos desde la dirección del centro», insistiéndose en que la «situación fue abortada por el director en escasos minutos, retirando toda la iconografía del acto».
Posteriormente, unas imágenes del mismo fueron colgadas en Internet y tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo como el «Diario de Navarra» iniciaron una fuerte campaña de presión sobre el Departamento de Educación y la Fiscalía, a fin de que fueran adoptadas las oportunas medidas sancionadoras, tanto a nivel académico como penal, en la Audiencia Nacional, por exaltación del terrorismo.
En el transcurso de las investigaciones realizadas, el director del centro procedió a identificar a catorce alumnos ante la Policía y a siete de ellos en la Audiencia Nacional como participantes en el acto, sin informar de nada de ello a los implicados, sus familias, tutores y profesorado, y manteniendo el secreto hasta que los hechos fueron conocidos por los afectados al ser citados en la propia Audiencia.
La Audiencia Nacional no es el juzgado de Paz de Elizondo. Es la heredera del Tribunal de Orden Público franquista y su actuación se rige por leyes de excepción (antiterrorista, de partidos...) reiteradamente denuncia- das por diferentes instancias internacionales. Bajo su amparo se ilegalizan partidos y agrupaciones electorales con los más rocambolescos argumentos, y la Policía y Guardia Civil actúan con métodos (incomunicación, malos tratos, torturas,...) anualmente denunciados por grupos de derechos humanos (AI) y organismos internacionales (ONU...).
El director, objetor y antimilitarista histórico en Nafarroa, ha afirmado respecto a su personación e identificación que «tenía claro que la ley me obliga a cumplir la petición de la Fiscalía», si bien «identificar a todos los alumnos que se veían -en el vídeo- me parecía demasiado». Por eso, afirma, identificó sólo a siete de ellos.
Evidentemente, de una persona que aún hoy sigue dando charlas en defensa de la objeción y la desobediencia civil ante leyes injustas se podía esperar algo más, bastante más. Dejar aparcadas esas convicciones a la puerta de la Audiencia Nacional, de esa trituradora de derechos humanos y libertades que ha procesado y condenado incluso a personas (18/98, Fundación Zumalabe) por defender esas mismas estrategias de objeción y desobediencia civil, no resulta ser muy de recibo. Aducir que sin su declaración todo hubiera seguido hacia adelante y que, por tanto, su identificación no ha sido decisiva es una excusa excesivamente frágil y defensiva.
Aún con todo, lo más criticable para mí no ha sido esto. Uno puede entender (no es mi caso, pero puede haber quien lo haga) que hayan existido razones (presión mediática, policial, el tan humano miedo, convicción incluso) para haber hecho esa identificación, pero nunca, nunca, nunca podré entender que todo eso se oculte durante meses a los propios chavales, familiares, tutores y profesorado en general. Regla de oro de cualquier persona cuya actuación se asiente en mínimos criterios de dignidad es la de, caso de haber identificado a alguien en comisaría, cuartel, juzgado o audiencia por hechos como los que aquí comentamos, notificar de inmediato a los afectados todo lo conocido, incluida la propia actuación, ¿o no?
Instancias oficiales, medios de comunicación y colectivos de muy diverso tipo están haciendo hoy del director de Iturrama poco menos que un héroe. Su consideración académica, social y personal crece por momentos. Todo son rechazos y condenas de la actuación de LAB y muestras de solidaridad para con él, pero ¿es él realmente la víctima de lo ocurrido?
Dentro de unos meses, existirán unos alumnos sancionados de un centro escolar. Otros, por ser menores de edad, podrán ser condenados a penas menores y alguno más, mayor de 18 años, podrá sufrir varios años de cárcel. Todo ello por realizar un acto que, por mucho que no se comparta y rechace, no puede más que enmarcarse y juzgarse como una actividad referida estrictamente al ejercicio de la libertad de reunión y expresión en el ámbito académico. Mientras tanto, la condena por ser alevines terroristas ya está dictada y distintas policías -locales, nacionales...- les vigilan, incordian, identifican...
En todos los comunicados, artículos y columnas periodísticas que he leído se ofrecen todo tipo de solidaridades menos una: la que se refiere a todos estos chavales injustamente perseguidos y procesados. Espero que la mía pueda abrir un pequeño camino en este inmenso absurdo de Iturrama en el que todo anda al revés. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas.
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