Miren Egaña y Ramón Contreras| E |
El escrito fue presentado por dos abogados, miembros de un colectivo de 70 profesionales del Derecho, que habían suscrito un documento reclamando la actuación de la Administración en relación a aquellos hechos, otras dos personas pertenecientes a la iniciativa Sanfermines 78: Gogoan! , cuyas exigencias antes comentadas fueron apoyadas por más de 50 colectivos sociales, y dos personas más heridas de bala en aquellos sucesos. En el mismo, además de la intervención del Defensor del Pueblo, se solicitaba una entrevista con él y se ofrecía la disposición de los firmantes para colaborar en todo cuanto fuera necesario.
Pues bien, el pasado 3 de febrero, tan sólo cuatro días después de ser presentado el escrito (incluidos los dos del fin de semana), el Defensor del Pueblo nos ha contestado denegando la solicitud en todos sus términos. Tal rapidez en la resolución del asunto, plausible quizás en otros casos en los que la actuación de la Administración es lenta y desalentadora, no deja sin embargo de sorprendernos. ¿Por qué tanta celeridad, inusual incluso en su propio funcionamiento, para resolver este asunto sin acceder siquiera a la entrevista que se le proponía y al examen de los materiales que se le habían ofrecido?
Habida cuenta de que las resoluciones del Defensor del Pueblo no tienen recurso alguno, entendemos que su actuación ha pecado de una ligereza total y una evidente falta de rigor, impropia por completo de quien tiene por objetivo garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía. Una actuación que más bien parece querer dar carpetazo a una exigencia deverdad, justicia y reparación mantenida durante más de 30 años, contra viento y marea, por decenas de colectivos sociales, culturales, de recuperación de la memoria histórica, peñas de Iruñea, sindicatos, partidos políticos,…
En su resolución, el Defensor del Pueblo señala que la petición formulada es improcedente por haber sido interpuesta pasado el plazo de un año desde el que se produjeron los hechos denunciados (art. 21.1 de la Ley Foral del Defensor del Pueblo), y referirse a la actuación de órganos de la Administración del Estado, sobre los cuales carece de competencia (art. 1.3 de la misma Ley). Pues bien, a nuestro entender, tales consideraciones carecen de rigor jurídico alguno, y sólo pueden calificarse como vulgares excusas aducidas para no entrar a valorar el fondo del asunto planteado.
En efecto, la citada Ley Foral se refiere expresamente (arts. 15 y 18) a que los poderes del Defensor del Pueblo se extienden "tanto a los actos y resoluciones como a la omisión de los mismos", pudiendo "iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación" relativa a éstos. Pues bien, ¿acaso no nos hallamos en este caso ante una insultante y mantenida omisión administrativa? ¿Acaso esta inactividad, que dura ya 30 años, lejos de producir prescripción alguna, no debería ser entendida como un agravante y motivar aún más la urgente actuación del Defensor del Pueblo?
Por otro lado, la falta de competencia aducida por el Defensor del Pueblo por referirse aquellos hechos a una actuación de la Administración del Estado, es completamente gratuita. Y ello es así porque, tal como expresamente se señalaba en la queja presentada, los hechos y omisiones denunciadas se referían tanto al Ayuntamiento de Iruñea (no al de aquel año 1978, que tan dignamente se portó ante aquellos hechos, sino a todas las corporaciones posteriores), como al Parlamento y Gobierno Foral, sobre cuya actividad/inactividad es plenamente competente el Defensor del Pueblo (artículos 1,3, apdos. a), b) y c) de la Ley Foral).
Por recordar tan sólo dos hechos similares y cercanos, recordaremos al Defensor del Pueblo dos acuerdos adoptados recientemente por el Parlamento vasco y el andaluz. En el primero, referente a los sucesos del 3 de marzo de 1976, se reconoció la condición de víctimas del terrorismo a las personas afectadas por la actuación de la Policía Armada en aquella fecha. En el segundo, el Parlamento autonómico declaró hijo predilecto de Andalucía a Manuel José García Caparrós, asesinado por disparos de la policía el 4 de diciembre de 1977. Pues bien, ¿por qué razones, a pesar de las constantes exigencias formuladas durante estos últimos 30 años a nivel ciudadano, las instituciones de nuestra tierra no han hecho nada para esclarecer, reparar y hacer justicia respecto a aquellos hechos? ¿Por qué en otras comunidades es posible hacer lo que aquí nunca se ha hecho? ¿Por qué este doblegarse del Defensor del Pueblo ante una injusticia y una pasividad que clama al cielo?
A nuestro entender, la resolución del Defensor del Pueblo, tanto por la forma como por el fondo, es un burdo intento de dar carpetazo a una de las mayores conculcaciones de derechos ciudadanos producidos en Iruñea y Nafarroa entera en los últimos 30 años. En cualquier caso, que sepa que su intento de archivar nuestras exigencias de verdad, justicia y reparación no servirá de mucho. Seguiremos insistiendo. Al igual que conseguimos reponer la estela de Germán en su lugar, lograremos también, pese a quien pese, colocar la justicia en el lugar que se merece.
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