Yo, bibliotecaria, por coherencia

Juana Iturralde

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ACE veinte años había alcaldes omnipotentes y omniscientes. Un alcalde con ese perfil no era raro que, sin encomendarse a Dios ni al diablo y, por supuesto, sin consultar a la bibliotecaria de la localidad, adquiriera, pongo por caso, la última y más avanzada enciclopedia de psicología, o bien una historia de las civilizaciones en 12 volúmenes junto a un juego de sartenes de regalo, por ejemplo. Con esta espontánea iniciativa, el citado alcalde se había liquidado el presupuesto anual de la biblioteca para la compra de libros, o con un poco de suerte, si el presupuesto era especialmente generoso, aún le quedaba a la bibliotecaria algún resto para la compra de tintines . Esto ocurría, insisto una vez más, hace veinte y más años, cuando casi todos los bibliotecarios de Navarra eran bibliotecarias y cuando había alcaldes -no todos ni mucho menos- omnipotentes y omniscientes.

Eran otros tiempos, otras mentalidades, y había alcaldes con un concepto del cargo muy patrimonial o paternalista o las dos cosas a la vez, y había bibliotecarias a las que tampoco sorprendía esa manera tan particular de gestionar la biblioteca pública de la localidad.

Por todo ello, hace ya veinte años desde la Dirección de la Red de Bibliotecas se determinó que había que terminar con ese estado de cosas, marcando claramente el límite entre las prerrogativas del alcalde en la biblioteca pública y las obligaciones de las bibliotecarias.

Éste es el criterio que se ha venido defendiendo desde el Gobierno de Navarra a lo largo de estos años: defensa de la independencia de los bibliotecarios a la hora de decidir qué va a formar parte de la colección de la biblioteca pública y apoyo, si en algún momento se producía algún intento de presión ajeno a las consideraciones profesionales.

Hasta hace dos meses. El pasado día 28 de enero el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin en una visita a la biblioteca vio dos periódicos que no eran de su agrado y en el momento y al día siguiente, por escrito, ordenó que no se volvieran a comprar los susodichos periódicos. Desde la Dirección del Servicio de Bibliotecas, lejos de indicarle al munícipe que eso suponía una injerencia en el ámbito profesional de los bibliotecarios, dieron la razón al concejal alegando que como la prensa se compraba con dinero del Ayuntamiento, éste podía decidir qué periódicos podían comprarse.

El pasado 27 de febrero las bibliotecas públicas de Pamplona recibimos desde la Concejalía de Cultura una circular mucho más sutil en la que se nos indicaban que, con el fin de unificar criterios, en todas las bibliotecas públicas de Navarra a partir del 1 de marzo deberían comprarse cuatro determinados periódicos y sólo esos cuatro. Puesto que lo bibliotecarios somos personal dependiente del Gobierno de Navarra, solicitamos el respaldo de nuestro director de Servicio frente a semejante injerencia en nuestras competencias profesionales. Aunque en primera instancia éste nos dejó hacer, finalmente se ha escabullido tras las bambalinas de informes jurídicos, innecesarios para dilucidar las competencias municipales en la materia, ya que el convenio suscrito por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para la gestión de las bibliotecas públicas de la ciudad, en su cláusula sexta que regula los compromisos de ambas administraciones, establece como compromiso del Ayuntamiento y escrito en román paladino lo que sigue: "Consignar anualmente una partida presupuestaria para la compra, por el personal bibliotecario, de documentos y publicaciones periódicas…".

A nadie se nos escapa que sobre todo en la biblioteca pública la formación y mantenimiento de la colección es un capítulo altamente sensible y una tentación permanente. Para alertarnos sobre esos riesgos y recordarnos a los bibliotecarios nuestra responsabilidad, el Manifiesto de la Unesco de 1994 sobre la biblioteca pública dice textualmente: "Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de censura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales". Y las directrices Ifla/Unesco de 2001 insisten en la idea: "La biblioteca pública debe ser capaz de representar la opinión y la experiencia humanas en todas sus modalidades y no correr el peligro de ser censurada… Los bibliotecarios y los órganos rectores de las bibliotecas deben defender estos derechos humanos elementales y resistir a las presiones de ciertas personas o grupos que intentan limitar los fondos de las bibliotecas".

El cumplimiento de estos objetivos obligan al bibliotecario a un ejercicio diario de honestidad para superar sus propias limitaciones, a pedir asesoramiento cuando lo necesita, a aparcar sus preferencias e ideología a la puerta de la biblioteca, a trabajar por conseguir unos fondos y unos servicios de calidad en pro de ciudadanos bien informados para tomar decisiones y bien formados para tener criterio propio. Éste es mi ideario y creo no equivocarme al afirmar que es también el de mis colegas.

Por ello no puedo permanecer callada cuando se pretende desactivar nuestra reclamación de independencia profesional, deslizando insinuaciones maledicentes sobre nuestra supuesta ideología.

Y por coherencia con todas las veces que a lo largo de mi carrera profesional he dicho no ante presiones de diversa índole, que las ha habido; por coherencia también con todos los noes que he empujado a dar a mis compañeras ante injerencias inadmisibles en su trabajo y porque quiero seguir siendo libre para decir no si en un futuro se diera el caso, en estos momentos y con el debido respecto le tengo que decir a la señora alcaldesa no, no lleva razón cuando se arroga competencias que sólo corresponden a los bibliotecarios. Y a mis superiores del Gobierno de Navarra, que no han estado a la altura de las circunstancias porque de ellos debemos esperar el soporte para cumplir con nuestras obligaciones como servidores públicos que somos, de acuerdo a lo que nos obligan nuestros principios profesionales y los que inspiran la propia ley del sistema bibliotecario de Navarra.

Publicado en Diario de Noticias