miércoles, 8 de abril de 2009

Corriendo


Juan Kruz Lakasta

El señor Miguel Sanz declaró recientemente que en la Comunidad Autónoma Vasca hay 100.000 "asesinos potenciales", en alusión directa a los ciudadanos que depositaron en las urnas la papeleta de la ilegalizada D3M. Si aplicamos estrictamente los criterios de su propio Gobierno, el presidente de ésta nuestra Comunidad Foral de identidad propia y diferenciada se quedó corto. La plataforma España y Libertad ha interpuesto una denuncia contra los organizadores de la Korrika por "enaltecimiento del terrorismo", basándose en que, a su paso por Pamplona, en ella se exhibieron fotografías de presos de ETA. La denuncia parece claramente inspirada en la decisión del Gobierno de Navarra de retirar sus ayudas a la Korrika por haber incurrido en "exaltación del terrorismo" al no impedir la exhibición de esas fotos. Si quien vota D3M es un asesino en potencia, es de suponer que quien enaltece el terrorismo lo es en mayor grado. Y si portar fotos de presos es enaltecer el terrorismo, la mayoría política y sindical de la CAV ha incurrido en ese delito reiteradamente, ya que ha convocado en repetidas ocasiones marchas en favor de los derechos de los presos, en las que se han exhibido ese tipo de imágenes. Por lo tanto, sumando a los votos de D3M los de PNV, Aralar y EA, nos encontramos con que los asesinos potenciales son 500.000. El sinsentido es evidente. Por estos lares se aplica el término terrorista con una discrecionalidad excesiva y con esa cobertura se conculcan derechos y libertades básicos. Lo dice Martin Scheinin, relator especial para la garantía de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de la ONU. Y convendría que lo escuchasen con atención en Diputación. Independientemente de la razón por la que estén en prisión, los familiares y amigos de los presos han de poder reivindicar sus derechos y denunciar la conculcación de los mismos. En una sociedad democrática eso no puede ser delito. Se podría debatir si la Korrika es el lugar adecuado para ese tipo de reivindicaciones, habida cuenta de que debería ser una carrera en la que cualquier ciudadano se pudiera sentir cómodo apoyando al euskera. Pero resulta difícil abordar ese debate mientras el Gobierno de Navarra amenaza con cortar las magras ayudas que reciben los euskaltegis de AEK, mientras España y Libertad acusa a los organizadores de la Korrika de un delito que implica penas de hasta dos años de cárcel, mientras en este país sigue habiendo tanta puñetera pistola.

Publicado en Diario de Noticias
El señor Miguel Sanz declaró recientemente que en la Comunidad Autónoma Vasca hay 100.000 "asesinos potenciales", en alusión directa a los ciudadanos que depositaron en las urnas la papeleta de la ilegalizada D3M. Si aplicamos estrictamente los criterios de su propio Gobierno, el presidente de ésta nuestra Comunidad Foral de identidad propia y diferenciada se quedó corto. La plataforma España y Libertad ha interpuesto una denuncia contra los organizadores de la Korrika por "enaltecimiento del terrorismo", basándose en que, a su paso por Pamplona, en ella se exhibieron fotografías de presos de ETA. La denuncia parece claramente inspirada en la decisión del Gobierno de Navarra de retirar sus ayudas a la Korrika por haber incurrido en "exaltación del terrorismo" al no impedir la exhibición de esas fotos. Si quien vota D3M es un asesino en potencia, es de suponer que quien enaltece el terrorismo lo es en mayor grado. Y si portar fotos de presos es enaltecer el terrorismo, la mayoría política y sindical de la CAV ha incurrido en ese delito reiteradamente, ya que ha convocado en repetidas ocasiones marchas en favor de los derechos de los presos, en las que se han exhibido ese tipo de imágenes. Por lo tanto, sumando a los votos de D3M los de PNV, Aralar y EA, nos encontramos con que los asesinos potenciales son 500.000. El sinsentido es evidente. Por estos lares se aplica el término terrorista con una discrecionalidad excesiva y con esa cobertura se conculcan derechos y libertades básicos. Lo dice Martin Scheinin, relator especial para la garantía de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de la ONU. Y convendría que lo escuchasen con atención en Diputación. Independientemente de la razón por la que estén en prisión, los familiares y amigos de los presos han de poder reivindicar sus derechos y denunciar la conculcación de los mismos. En una sociedad democrática eso no puede ser delito. Se podría debatir si la Korrika es el lugar adecuado para ese tipo de reivindicaciones, habida cuenta de que debería ser una carrera en la que cualquier ciudadano se pudiera sentir cómodo apoyando al euskera. Pero resulta difícil abordar ese debate mientras el Gobierno de Navarra amenaza con cortar las magras ayudas que reciben los euskaltegis de AEK, mientras España y Libertad acusa a los organizadores de la Korrika de un delito que implica penas de hasta dos años de cárcel, mientras en este país sigue habiendo tanta puñetera pistola.

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