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Esto no tiene mayor importancia ética y se debe a las tradiciones católicas que imperan en la epidermis de nuestras costumbres. San Roque, Santa Ana, el mismísimo San Fermín, alzados sobre los hombros correspondientes, pasean encima de sus porteadores, templados todos con las músicas correspondientes de jotas o los sones acompasados de las bandas de música municipales.
Si esos actos fueran organizados por las iglesias correspondientes, no habría nada que objetar. Porque ya las procesiones no van por dentro (como en nuestra Segunda República) y porque es una manifestación -curiosa, sin duda- de la fe católica y la libertad religiosa en sentido, eso sí, muy español. Narra Américo Castro que quizá los judíos españoles fueron los únicos del mundo que sacaban en procesión sus libros sagrados, tan contagiados como estaban de esa necesidad rudimentaria de aflorar -más bien hacer visible- su fe oficial.
Ahora bien, lo que no tiene ningún sentido es que los ayuntamientos democráticos programen procesiones y santas misas. Porque el Estado español es aconfesional, según el artículo 16 de su Constitución, no tiene confesión oficial ni católica ni ninguna otra, y eso se debe a que no toda la ciudadanía profesa las mismas religiones e incluso hay quienes no profesan ninguna. Y es un deber, no un consejo, respetar al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas musulmanes, ateos, agnósticos, protestantes, judíos, pertenecientes a toda la pluralidad que compone la sociedad española y la navarra. Y es otro deber normativo cumplir con la Constitución por parte de todos los poderes públicos, como prescribe el artículo 9.1 de la Constitución.
Claro que quienes hacen caso omiso de ese artículo 9.1 de la Constitución y de la aconfesionalidad del Estado (artículo 16 del mismo texto) son mayormente los concejales y autoridades pertenecientes a los partidos políticos que se llaman a sí mismosconstitucionalistas . Es decir, por sonados ejemplos, la alcaldesa de Pamplona con San Fermín en andas o la presidenta del Parlamento en la exhibición pública de Santa Ana en Tudela.
De cierto que uno siente vergüenza ajena ante una socialista adoradora pública de Santa Ana. Como persona de izquierdas que soy, y socialista en este sentido (en el de Fernando de los Ríos o Gómez Llorente), me parece oprobioso que se mezcle a los poderes públicos con los ritos católicos, tal y como hacía -hay que recordarlo- el régimen de Francisco Franco. Régimen teocrático que, escribía una vez más Américo Castro, llevaba a su jefe del Estado bajo palio según las costumbres imperantes también en Marruecos y otras teocracias orientales.
Como decían los concejales de Burlada de NaBai e IU que se negaron a asistir como institución a la procesión consabida, en tanto que particulares, los cargos políticos pueden incorporarse a las manifestaciones religiosas que deseen. Lo que no deberían poner en práctica es anudar los poderes públicos con religión alguna, ni que mucho menos lo hiciera la representación oficial de una corporación o institución.
No lo digo yo, sino que lo ha escrito un miembro del PP y del Opus Dei tan conocido como Andrés Ollero. La izquierda presente en las procesiones y misas lo que quiere es hacerse visible como poder. A lo que habría que replicarle que a la derecha le sucede tres cuartos de lo mismo. Y ni unos ni otros deberían asistir institucionalmente (otra cosa es como particulares) a esas derivaciones primarias de una presumida fe.
Ya culturalmente, en el plano de la historia de las religiones, habrá que recordar que los sectores más lúcidos del Islam (Averroes) criticaron esa deriva supersticiosa y milagrera de los católicos. Y que los protestantes declararon la guerra a las imágenes, porque su relación íntima y directa con Dios no necesitaba semejantes veneraciones -propias de paganos- a pedazos de mármol o de madera.
Con todo, este verano nos ha proporcionado la esperanza laica y democrática de la negativa de algún cargo en el Baztán a asistir a la Salve correspondiente; y el comunicado exacto, jurídica, constitucionalmente perfecto de los concejales de NaBai e IU de Burlada, argumentando cómo y por qué las instituciones no han de mezclarse con religión alguna. Bien por Txema Noval y compañía, que las alegrías éticas en este sistema político ramplón de nuestra comunidad no abundan ciertamente.
Los partidarios de asistir, como en tiempos de Franco, en representación de sus instituciones a estas expresiones simbólicas del nacionalcatolicismo español, han de saber que no hay tradición que valga. Que las tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, etcétera han de subordinarse al orden constitucional y su máximo texto. Lo contrario es violar el pluralismo, la libertad religiosa, la aconfesionalidad del Estado y la laicidad obligatoria de la política para todos los partidos. Así que, amigas y amigos dedicados profesionalmente a la política, habrá que buscar otra excusa que la del santo que no existió (o del que existió) para desfilar vestidos ante el vecindario con las chisteras y trajes consabidos de roncalesa. Lo laico es lo moderno y civilizado, pluralista y respetuoso con todas las religiones, mientras que lo teocrático es lo rancio y ¡ay! lo franquista.
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