La jurisprudencia ha venido definiendo el delito provocado como aquel que llega a realizarse en virtud de la inducción engañosa de una determinada persona, generalmente miembro de las fuerzas de seguridad que, deseando la detención de sospechosos, incita a perpetrar la infracción a quien no tenía previamente tal propósito, originando así el nacimiento de una voluntad criminal en supuesto concreto, delito que de no ser por tal provocación no se hubiere producido.
Asimismo, se ha reconocido que la punición del sujeto que delinque a causa de provocación por parte de funcionarios policiales plantea serios problemas no sólo en el plano ético, pues estas actuaciones de las fuerzas policiales se producen en clave de que el fin justifica los medios, sino también desde el punto de vista de compatibilidad con los principios constitucionales y procesales ya que no puede considerarse válida la prueba obtenida por un agente provocador.
Se trata de una problemática de política criminal enlazada con el sistema político general imperante. Actuaciones así sólo suelen ser admitidas en regímenes autoritarios, en los que prima el aspecto represivo so pretexto de incrementar la seguridad, pero son incompatibles con un estado que se pretenda democrático y de Derecho, en el que deben proscribirse las actuaciones policiales que supongan coacción sobre la voluntad ajena y la utilización de procedimientos ilícitos o éticamente reprobables aunque su finalidad fuere la de llegar a lograr mayor efectividad en el cumplimiento de las leyes.
Viene esta digresión a cuento de las noticias leídas en estas mismas paginas informando sobre los incidentes ocurridos en Lekeitio en el Antzar Eguna y en las que se da cuenta de que, según testigos presenciales de lo ocurrido, agentes de paisano originaron varios de los incendios, dándose incluso detalles de los lugares en que esto, supuestamente, ocurrió. Para nadie es un secreto que para el PSOE y el PP Euskadi es diferente, como lo prueba el que los enemigos irreconciliables en Madrid y en general en todo el Estado pactan y conforman un gobierno sin programa y tan peculiar que Basagoiti, con su peculiar gracejo, ha calificado de pareja de hecho.
La reconquista de las Vascongadas lo justifica todo y, al parecer, también la actuación de agentes provocadores. Todo esto unido a casos como el secuestro temporal de ciudadanos en Iparralde o la desaparición de Jon Anza apuntan a que, una vez más, se buscan atajos para acabar con el problema sin resolverlo, como antes lo intentaron con los incontrolados, o los Guerrilleros de Cristo Rey, o el Batallón Vasco Español o cualquiera de los diversos nombres que a lo largo de los años fueron adoptando. El asunto es muy serio y es indispensable aclararlo, porque de lo contrario esto puede convertirse en otro GALimatías.
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